Con la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo ya vigente y el programa «El Maíz es la Raíz» repartiendo apoyos en Oaxaca y Chiapas, México intenta blindar sus semillas criollas justo después de perder un panel del T-MEC frente a Estados Unidos por sus restricciones al maíz transgénico.
Milpa por milpa: así opera el plan
El 1 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Santiago Suchilquitongo, Oaxaca, la primera entrega simbólica de recursos del programa Milpateca: tarjetas por 1.7 millones de pesos para 10 Comunidades Milperas de las ocho regiones del estado, con montos que van de 135 mil a 190 mil pesos según el número de productores en cada comunidad. Actualmente el programa beneficia a 72,200 productores y productoras en 1,770 Comunidades Milperas solo en territorio oaxaqueño, y el gobierno estatal ha destinado 954.14 millones de pesos adicionales a más de 45 mil familias maiceras en 43 mil hectáreas mediante Abasto Seguro de Maíz y Maíz Nativo.
Es la fase territorial del Plan Nacional de Maíz Nativo «El Maíz es la Raíz», presentado en noviembre de 2025 y desplegado en 2026 en siete estados del sur y sureste: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Según cifras oficiales, esta primera etapa atenderá a 677 mil familias productoras que cultivan maíz en 886,687 hectáreas distribuidas en 437 municipios, con la meta de incrementar 20% el rendimiento por hectárea. La proyección para 2030 es ampliar la cobertura a 1.5 millones de pequeños productores en 29 entidades. «Conservar el maíz nativo es defender la soberanía alimentaria», declaró Sheinbaum el 27 de junio en Pijijiapan, Chiapas, al presentar el despliegue de la estrategia, que contempla apoyos económicos, maquinaria agroecológica de uso colectivo, acompañamiento técnico permanente y proyectos de transformación del grano, como tortillerías comunitarias, una vez que las comunidades consoliden excedentes de producción.
México se reconoce como centro de origen y diversificación de maíz: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) documenta la mayor diversidad genética del cultivo en el mundo, con 59 razas nativas que el gobierno se comprometió a proteger.
La presión que viene del T-MEC
Este impulso no ocurre en el vacío. A finales de 2024, un panel de solución de controversias del T-MEC falló en contra de México en la disputa iniciada por Estados Unidos sobre el veto mexicano al maíz transgénico en tortillas y masa, y sobre la facultad de la autoridad sanitaria mexicana para estudiar su eliminación gradual en alimento para ganado. El panel concluyó que las restricciones carecían de sustento científico suficiente conforme a las reglas del tratado, y otorgó a México un plazo de 45 días para modificar la política o enfrentar aranceles punitivos sobre otras exportaciones como tomate, aguacate o cerveza.
La presidenta Sheinbaum revirtió en febrero de 2026 varias disposiciones del decreto de 2023, emitido bajo el gobierno anterior, para cumplir con el fallo. Pero en marzo firmó un nuevo decreto que prohíbe el uso de maíz transgénico en México para garantizar la producción de variedades nativas no modificadas genéticamente, y el Congreso avanzó en paralelo con una ruta distinta: diputados y luego el Senado aprobaron la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que declara al maíz criollo «elemento de identidad nacional» y obliga al Estado a garantizar el cultivo libre de transgénicos en el país, reconociendo su producción, comercialización y consumo como una expresión cultural nacional. Analistas de mercados agrícolas han advertido que insistir en estas restricciones, incluso por la vía legislativa en lugar de la regulatoria directa, podría detonar nuevas medidas de represalia por parte del gobierno estadounidense.
