Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa tanto

El gusano barrenador del ganado es la larva de una mosca cuyas hembras depositan sus huevecillos en heridas abiertas, mucosas o el ombligo de animales recién nacidos. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo del hospedero, provocando lesiones profundas que, sin tratamiento oportuno, pueden ser fatales tanto en ganado como en otros mamíferos e incluso en humanos. La plaga había sido erradicada de México y Centroamérica hace décadas mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en criar millones de moscas macho, esterilizarlas con radiación y liberarlas en campo para que compitan con los machos silvestres; al aparearse con hembras sin producir descendencia fértil, la población de la plaga colapsa gradualmente.

El regreso del gusano barrenador a México, detectado por primera vez en años en el sur del país y documentado desde entonces por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en conjunto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), llevó a Washington a cerrar de manera escalonada sus fronteras a las importaciones de ganado mexicano en pie, afectando directamente a un comercio que mueve más de un millón de cabezas al año y que es clave para la ganadería del norte del país.

Liberaciones masivas de moscas estériles como respuesta

La estrategia binacional para contener y revertir el avance de la plaga se apoya en la producción y liberación aérea de pupas estériles teñidas de verde —el color permite distinguirlas de la población silvestre en los monitoreos de campo— desde plantas productoras en México y Panamá, coordinadas con el Programa México-Estados Unidos para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. La reapertura parcial de puertos fronterizos anunciada en julio de 2026 responde a que, tras meses de liberaciones intensivas y una franja de control sanitario reforzada en la frontera sur del país, el USDA considera que el riesgo de reintroducción de la plaga hacia territorio estadounidense se ha reducido lo suficiente en ciertas rutas de exportación, aunque mantiene inspecciones y protocolos de cuarentena estrictos en los puntos de cruce.

Ganaderos y autoridades sanitarias mexicanas coinciden en que la reapertura es una buena noticia comercial, pero insisten en que la emergencia sanitaria de fondo no ha terminado: mientras persistan casos activos de gusano barrenador en el territorio nacional, existe el riesgo de que Estados Unidos vuelva a cerrar la frontera si se detectan nuevos brotes cerca de la línea fronteriza, como ya ocurrió en episodios previos de esta misma crisis. La recomendación de SENASICA hacia los productores es mantener la vigilancia activa de heridas en el ganado, reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y continuar apoyando las campañas de liberación de moscas estériles como la única vía comprobada para lograr, en el mediano plazo, la erradicación definitiva de la plaga en la región.

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Un mercado que crece, pero no para todos

México se ubica entre los diez principales productores de café a nivel mundial, y Chiapas concentra alrededor de un tercio de la superficie cafetalera nacional, con más de 90 mil productores dedicados al cultivo, en su mayoría pequeños propietarios indígenas y campesinos que trabajan parcelas de menos de dos hectáreas. Las exportaciones mexicanas de café verde han mostrado una tendencia al alza en los últimos ciclos, impulsadas por la demanda de cafés especiales y orgánicos en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que pagan sobreprecios por certificaciones de origen, comercio justo y producción orgánica.

Sin embargo, ese crecimiento en el valor de exportación no se traduce de manera directa en mejores ingresos para el productor primario. Gran parte del valor agregado del café se concentra en los eslabones de beneficio húmedo, tostado, empaque y comercialización, actividades que en su mayoría no ocurren en las zonas productoras de Chiapas sino en centros de acopio, exportadoras y tostadurías fuera del estado o del país. El productor promedio vende su cosecha como café cereza o pergamino a intermediarios locales conocidos como «coyotes», a precios que suelen representar solo una fracción del valor final que alcanza el grano una vez procesado y exportado.

Plagas, clima y el relevo generacional pendiente

A esta desconexión entre precios internacionales y realidad de la finca se suman retos productivos que golpean directamente el rendimiento: la roya del café, un hongo que ataca las hojas de la planta y puede reducir drásticamente las cosechas, sigue presente en buena parte de la zona cafetalera de Chiapas desde el brote regional que afectó a Centroamérica y el sur de México hace más de una década. A ello se añade la variabilidad en el régimen de lluvias asociada al cambio climático, que altera los ciclos de floración y maduración del grano, y el envejecimiento de las plantaciones, muchas de ellas con cafetos de más de 20 o 30 años que han perdido productividad y requieren renovación con variedades más resistentes.

El relevo generacional es otro punto crítico: los hijos de muchas familias cafetaleras han migrado hacia centros urbanos o a Estados Unidos en busca de mejores ingresos, dejando el cultivo en manos de productores de edad avanzada y complicando la continuidad de una actividad que, en las condiciones actuales, no siempre resulta suficiente para sostener a una familia. Organizaciones de productores y cooperativas en la región han impulsado esquemas de certificación orgánica y comercio justo como una vía para capturar una mayor parte del valor de la cadena, negociando de forma colectiva con compradores internacionales y reduciendo la dependencia de intermediarios, aunque el acceso a estos esquemas sigue siendo limitado frente al tamaño total del padrón de productores del estado.

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Milpa por milpa: así opera el plan

El 1 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Santiago Suchilquitongo, Oaxaca, la primera entrega simbólica de recursos del programa Milpateca: tarjetas por 1.7 millones de pesos para 10 Comunidades Milperas de las ocho regiones del estado, con montos que van de 135 mil a 190 mil pesos según el número de productores en cada comunidad. Actualmente el programa beneficia a 72,200 productores y productoras en 1,770 Comunidades Milperas solo en territorio oaxaqueño, y el gobierno estatal ha destinado 954.14 millones de pesos adicionales a más de 45 mil familias maiceras en 43 mil hectáreas mediante Abasto Seguro de Maíz y Maíz Nativo.

Es la fase territorial del Plan Nacional de Maíz Nativo «El Maíz es la Raíz», presentado en noviembre de 2025 y desplegado en 2026 en siete estados del sur y sureste: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Según cifras oficiales, esta primera etapa atenderá a 677 mil familias productoras que cultivan maíz en 886,687 hectáreas distribuidas en 437 municipios, con la meta de incrementar 20% el rendimiento por hectárea. La proyección para 2030 es ampliar la cobertura a 1.5 millones de pequeños productores en 29 entidades. «Conservar el maíz nativo es defender la soberanía alimentaria», declaró Sheinbaum el 27 de junio en Pijijiapan, Chiapas, al presentar el despliegue de la estrategia, que contempla apoyos económicos, maquinaria agroecológica de uso colectivo, acompañamiento técnico permanente y proyectos de transformación del grano, como tortillerías comunitarias, una vez que las comunidades consoliden excedentes de producción.

México se reconoce como centro de origen y diversificación de maíz: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) documenta la mayor diversidad genética del cultivo en el mundo, con 59 razas nativas que el gobierno se comprometió a proteger.

La presión que viene del T-MEC

Este impulso no ocurre en el vacío. A finales de 2024, un panel de solución de controversias del T-MEC falló en contra de México en la disputa iniciada por Estados Unidos sobre el veto mexicano al maíz transgénico en tortillas y masa, y sobre la facultad de la autoridad sanitaria mexicana para estudiar su eliminación gradual en alimento para ganado. El panel concluyó que las restricciones carecían de sustento científico suficiente conforme a las reglas del tratado, y otorgó a México un plazo de 45 días para modificar la política o enfrentar aranceles punitivos sobre otras exportaciones como tomate, aguacate o cerveza.

La presidenta Sheinbaum revirtió en febrero de 2026 varias disposiciones del decreto de 2023, emitido bajo el gobierno anterior, para cumplir con el fallo. Pero en marzo firmó un nuevo decreto que prohíbe el uso de maíz transgénico en México para garantizar la producción de variedades nativas no modificadas genéticamente, y el Congreso avanzó en paralelo con una ruta distinta: diputados y luego el Senado aprobaron la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que declara al maíz criollo «elemento de identidad nacional» y obliga al Estado a garantizar el cultivo libre de transgénicos en el país, reconociendo su producción, comercialización y consumo como una expresión cultural nacional. Analistas de mercados agrícolas han advertido que insistir en estas restricciones, incluso por la vía legislativa en lugar de la regulatoria directa, podría detonar nuevas medidas de represalia por parte del gobierno estadounidense.

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Un récord con 47 mil productores detrás

La producción nacional de miel cerró 2025 en 60,297 toneladas, un incremento de 5% frente a las 57,430 toneladas de 2024, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) difundidos en el Día Mundial de las Abejas. La cifra representa un avance de casi 6 mil toneladas en cinco años, partiendo de 54,122 toneladas en 2020, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y coloca a México en el décimo lugar mundial de producción, entre 115 países, con más de 47 mil apicultoras y apicultores en todo el territorio nacional. El Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI documenta 45 tipos de abejas productoras de miel en el país, más allá de la conocida Apis mellifera, y la cadena apícola no se limita a la miel: también genera polen, jalea real, propóleo, veneno de aguijón y cera, insumos que abastecen a las industrias alimentaria, cosmética y ecológica.

En comercio exterior, Yucatán concentra el liderazgo nacional de exportación, con 22.2 millones de dólares en 2024, seguido de Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Nuevo León; Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Suiza son los principales destinos. La SADER impulsa, a través de las Escuelas de Campo, prácticas agroecológicas y monitoreo preventivo de plagas y enfermedades, y sostiene junto con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ) el proyecto POLILAC, orientado a fomentar la coexistencia entre agricultura y apicultura mediante el buen uso de plaguicidas, con oficinas en Chiapas y Quintana Roo ya operando medidas piloto para reducir intoxicaciones.

La otra cifra: 300 mil colonias muertas en una década

Mientras la producción crece, la salud de las colonias sigue siendo motivo de alarma. Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur y la Alianza Maya por las Abejas Kabnalo’on estiman que, a nivel nacional, se han perdido más de 301 mil colonias de abejas en los últimos diez años por efecto de plaguicidas, una cifra que los propios investigadores reconocen como conservadora, ya que no existe un censo oficial de estas pérdidas. En un proyecto de mapeo de agroquímicos en más de 15 municipios de la Península de Yucatán, la región con mayor número de apicultores del país, más de 13 mil familias mayas dedicadas a la actividad, se detectó el uso de al menos 75 plaguicidas distintos, de los cuales 27 están clasificados como muy tóxicos para las abejas. Los ingredientes más frecuentemente encontrados en abejas intoxicadas son el fipronil y los insecticidas neonicotinoides, prohibidos en la Unión Europea precisamente por su toxicidad hacia los polinizadores.

El episodio más grave documentado ocurrió en marzo de 2023 en los ejidos de Suc-Tuc y Crucero Oxa, en los municipios de Hopelchén y Campeche, donde más de ochenta apicultores perdieron en conjunto más de 3,300 colonias por intoxicación con plaguicidas; a inicios de 2024 se repitió un evento similar en la misma zona, con casi 800 colmenas perdidas. Ninguno de los dos casos ha derivado en indemnización a los productores afectados.

El 18 de julio de 2026, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) anunciaron el fortalecimiento de una línea de investigación conjunta sobre mortandad de abejas por plaguicidas. El investigador del CIATEJ, Octavio Gaspar Ramírez, explicó que desde hace más de una década se identificó el impacto de ciertos agroquímicos sobre las poblaciones de abejas en México, pero las instituciones carecían de herramientas científicas y mecanismos de actuación para documentar las causas y respaldar a los apicultores afectados.

Ese trabajo dio origen al Protocolo de acción ante mortandades de abejas por plaguicidas, diseñado junto con el sector apícola, que hoy sirve para documentar casos pero que, advirtió Gaspar Ramírez, «aún no ha sido institucionalizado» formalmente por las dependencias federales de los sectores ambiental, agrícola y de salud. San Luis Potosí, recordó, perdió cerca de 22 mil colmenas en 2018 por fumigaciones agrícolas con neonicotinoides, y muchos casos posteriores han quedado sin documentar por la limitada respuesta institucional. «Si continuamos permitiendo que las abejas sigan muriendo, las consecuencias ambientales, sociales y económicas serán cada vez más severas», advirtió el investigador.

La certificación orgánica como respuesta desde las cooperativas

Frente a ese panorama, algunas organizaciones apícolas están apostando por la certificación orgánica como estrategia de largo plazo. En Huejutla, Hidalgo, la Sociedad Cooperativa del Corporativo Apícola APINORH inició en julio de 2026 un proyecto de miel orgánica en conjunto con productores del municipio de San Felipe, con acompañamiento técnico de CERTIMEX, organismo especializado en certificación de productos orgánicos. «Estamos iniciando este proyecto con la confianza de que traerá beneficios para todo nuestro gremio, queremos producir una miel de alta calidad que permita posicionar a Huejutla como una región productora de miel orgánica con reconocimiento nacional e internacional», explicó Ismael Marcos Julián, presidente de APINORH, quien detalló que el proyecto está abierto a cualquier apicultor de la región dispuesto a integrarse como socio.

La certificación orgánica no es, sin embargo, una garantía permanente: en 2022, un grupo de apicultores de Yucatán perdió su certificación de miel orgánica después de que se establecieran granjas porcícolas a menos de 7 kilómetros de sus apiarios certificados, un recordatorio de que la producción libre de agroquímicos depende tanto de las prácticas del propio apicultor como del uso del suelo en kilómetros a la redonda: las abejas pueden volar hasta 2 kilómetros o más en busca de polen y néctar, exponiéndose a lo que se aplique en decenas de parcelas vecinas.

El reto que enfrenta el sector, entonces, no es solo mantener el ritmo de crecimiento que llevó a México al décimo lugar mundial, sino resolver la tensión de fondo: mientras el país no cuente con un mecanismo institucionalizado para prevenir y sancionar las intoxicaciones masivas por plaguicidas, cada nueva cifra récord de producción convivirá con el riesgo de que la próxima temporada de fumigación borre, de un solo golpe, el trabajo de años de un apiario.

Con información de SADER, INEGI, SIAP, El Colegio de la Frontera Sur, UASLP-CIATEJ y Zunoticia Hidalgo. Redacción de Cultura Orgánica, agosto de 2026.

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Mientras corporaciones transnacionales controlan el 60% de las semillas comerciales del mundo, comunidades campesinas e indígenas de México custodian una de las mayores reservas de biodiversidad agrícola del planeta. Una nueva iniciativa legislativa busca darles protección jurídica antes de que sea demasiado tarde.

El tesoro que cabe en la palma de la mano

México es centro de origen y diversificación de más de 100 especies vegetales cultivadas, entre ellas el maíz, el frijol, el chile y el aguacate. Ese patrimonio genético, construido durante milenios por comunidades indígenas y campesinas, hoy enfrenta su mayor amenaza: un marco legal que no lo reconoce y un mercado que favorece la semilla industrializada.

Una semilla criolla no es solo material de siembra. Es un archivo vivo de miles de años de selección, adaptación y conocimiento acumulado. Es el resultado de incontables temporadas en que el agricultor eligió la mejor mazorca, el frijol más resistente, el chile más productivo para su suelo y su clima específicos. Cada variedad criolla es, en sentido estricto, una tecnología desarrollada en campo abierto durante generaciones.

México es el centro de origen del maíz. El país alberga 64 razas nativas documentadas, de las cuales Tlaxcala concentra 16 —cerca del 20% de la diversidad genética nacional del grano. Pero el maíz es solo el caso más conocido. El país es también centro de origen del jitomate, el cacao, la vainilla, el aguacate, decenas de variedades de chile y cientos de especies más que hoy alimentan al mundo entero.

Ese patrimonio está en manos de las comunidades que lo crearon. Y hoy, como nunca antes, está en riesgo.

El mapa del peligro

Tres corporaciones transnacionales —Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont— controlan el 60% de las semillas comerciales del mundo, el 90% de las transgénicas y el 70% de la industria de agroquímicos. Frente a esa concentración, la semilla criolla mexicana no tiene precio de mercado, no tiene certificado, no tiene patente.

Y precisamente por eso está desprotegida.

Estudios recientes advierten que México podría perder hasta el 61% de sus variedades criollas en los próximos 30 años si no se establecen mecanismos jurídicos concretos de protección. La legislación actual regula la producción y comercialización de semillas certificadas, pero no reconoce ni protege explícitamente las semillas criollas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad frente a la apropiación privada y la pérdida de biodiversidad.

El Congreso reacciona: una ley para el patrimonio biocultural

En octubre de 2025, una iniciativa ingresó al Congreso para reformar la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. El objetivo es reconocer jurídicamente a las semillas criollas como patrimonio biocultural de México, establecer mecanismos de protección, certificación comunitaria y conservación, y garantizar el derecho al libre intercambio de semillas entre agricultores.

El 66.5% de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, caña y café proviene de pequeños y medianos productores que dependen de semillas adaptadas localmente para mantener sus sistemas agrícolas. Para ellos, perder acceso libre a esas semillas no es un problema técnico: es una amenaza directa a su modo de vida.

El precedente ya existe. En 2020, el maíz nativo fue reconocido como patrimonio biocultural y manifestación cultural de los pueblos originarios, prohibiendo su cultivo transgénico. El nuevo marco obliga al Estado a fomentar políticas públicas que prioricen los cultivos tradicionales, apoyando el uso de semillas criollas y prácticas agroecológicas. La propuesta legislativa busca extender esa lógica a todas las demás especies.

«La legislación actual, al excluir las semillas nativas y no contemplar las criollas, obstaculiza la permanencia de sistemas agrícolas sustentables y favorece modelos dependientes de insumos externos y propiedad intelectual.»

— Iniciativa legislativa presentada al H. Congreso de la Unión, octubre 2025

Los guardianes: mujeres, comunidades, semilleros vivos

En San Pablo Ayutla, Sierra Norte de Oaxaca, un grupo de mujeres mixes lleva años conservando semillas nativas de manera artesanal bajo el proyecto Los frutos del Kämtunp. Se reunieron durante la pandemia cuando notaron el abandono del campo. Recuperaron variedades que sus abuelas cultivaban, desarrollaron técnicas adaptadas al deterioro del suelo y el clima cambiante, y comenzaron a comercializar de manera local en apoyo de familias marginadas.

En Tlaxcala, el gobierno estatal inauguró el Fondo de Semillas Nativas de Maíz «Teocintle» para conservar y distribuir mazorcas criollas entre productores. En Sonora, el CIAD y la Universidad de Sonora desarrollaron un modelo de bancos comunitarios de semillas para zonas áridas y semiáridas, reduciendo la dependencia de sistemas comerciales y garantizando insumos en momentos de crisis climática.

Estos no son proyectos aislados. Son nodos de una red silenciosa que mantiene viva la biodiversidad agrícola de México con recursos propios, conocimiento ancestral y una claridad de propósito que pocas instituciones pueden igualar.

Lo que está en juego

La semilla criolla no es solo diversidad genética: es soberanía. Un agricultor que conserva y reproduce su propia semilla no depende de ninguna empresa para sembrar la siguiente temporada. Puede adaptarla a las condiciones cambiantes de su parcela. Puede intercambiarla con sus vecinos. Puede heredarla.

Un agricultor que compra semilla certificada cada ciclo —especialmente si es híbrida o transgénica— pierde esa autonomía de forma progresiva e irreversible.

Para el sector orgánico, que tiene en la semilla criolla uno de sus fundamentos técnicos y culturales más importantes, la aprobación de una ley que proteja este patrimonio no es una cuestión política: es una condición de sobrevivencia.

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El giro que nadie esperaba

Una investigación internacional en curso, liderada desde México por el Prof. Manish Kumar del Tec de Monterrey, revela que los pesticidas viajan por el aire más lejos de lo que se creía, se adhieren a los microplásticos y juntos crean condiciones para que las bacterias intercambien genes de resistencia a los antibióticos. Un hallazgo que conecta directamente la contaminación agrícola con la salud humana global.

El objetivo inicial era monitorear suelos y agua. Pero cuando el equipo del Prof. Manish Kumar, investigador del programa Faculty of Excellence de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, comenzó a analizar muestras de aire, los números los obligaron a cambiar el rumbo de toda la investigación.

«Cuando descubrimos que las concentraciones de pesticidas en el aire eran significativamente más altas que en el agua o el suelo, nuestra investigación tomó un nuevo giro crítico», explica el Dr. Kumar. «La atmósfera está emergiendo como un medio de transporte activo para los productos químicos agrícolas, y este desarrollo tiene implicaciones de gran alcance que apenas comenzamos a comprender.»

Durante décadas, el debate sobre pesticidas se centró en los suelos agrícolas, los residuos en cultivos y la escorrentía hacia ríos y mantos freáticos. La nueva evidencia del consorcio internacional Microcosmic Understanding of Pathway Pollution and Solution on Pesticides señala una ruta ignorada: los pesticidas pueden volatilizarse, adherirse a partículas suspendidas en el aire y ser transportados a cientos de kilómetros de distancia, depositándose en regiones donde jamás se han aplicado.

Los microplásticos: más que basura, un vehículo de riesgo

Uno de los hallazgos más inquietantes del consorcio tiene que ver con el papel de los microplásticos, esas partículas invisibles que resultan de la degradación de envases, textiles, residuos industriales y desechos urbanos.

Las simulaciones de laboratorio y los análisis de campo documentan tres comportamientos clave: los microplásticos absorben pesticidas del ambiente, funcionando como depósitos móviles de contaminantes; transportan bacterias adheridas a sus superficies, formando microecosistemas densos llamados «plastiesferas»; y las condiciones abrasivas y de estrés químico en esas superficies elevan las tasas de mutación microbiana.

El Dr. Kumar lo resume con una analogía que no deja lugar a dudas: «Los microplásticos actúan como taxis. Transportan pasajeros —metales, pesticidas y microbios— juntos. Y cuando las bacterias experimentan estrés químico, como la exposición a pesticidas o metales, comienzan a intercambiar genes de supervivencia. Algunos de esos genes son precisamente los que causan la resistencia a los antibióticos.»

La pandemia silenciosa que pocos nombran

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) ya es considerada una de las mayores amenazas sanitarias globales. Podría ser responsable de más muertes anuales que el VIH/SIDA y la malaria combinados. Lo que esta investigación aporta es un eslabón que faltaba en la cadena: los contaminantes ambientales —no solo el mal uso clínico de antibióticos— podrían estar acelerando su propagación.

El mecanismo es la transferencia horizontal de genes: cuando las bacterias viven bajo estrés químico intenso, activan mecanismos de intercambio genético para sobrevivir. Algunos de esos genes intercambiados son genes de resistencia. Una vez en el ambiente, esas bacterias modificadas pueden llegar a los animales, a los cultivos y finalmente a las personas.

Los investigadores llaman a estos entornos «puntos críticos de RAM»: ecosistemas donde la combinación de microplásticos, pesticidas y bacterias crea las condiciones perfectas para que la resistencia se desarrolle y disperse.

«Si los contaminantes ambientales están acelerando la resistencia a los antimicrobianos, entonces esto no es solo un problema agrícola: se convierte en un problema de salud, un problema de seguridad alimentaria y un problema social.»

Dr. Jürgen Mahlknecht, líder del Núcleo de Investigación en Clima y Sustentabilidad, Tec de Monterrey

Cuando los contaminantes se mezclan, el peligro se multiplica

Uno de los aportes más importantes de esta investigación para el debate regulatorio es conceptual: los marcos actuales evalúan los químicos de forma individual. Pero los contaminantes en el mundo real no se presentan solos.

El consorcio encontró que las mezclas de microplásticos y pesticidas se comportan de maneras que no pueden predecirse estudiando cada uno por separado. Las interacciones entre sustancias crean efectos que superan la suma de sus partes, lo que en toxicología se conoce como sinergia. Esta realidad exige una actualización urgente de los estándares ambientales para incluir mezclas de contaminantes, no solo compuestos aislados.

América Latina en el centro del mapa

El consorcio integra investigadores de ocho países: India, Japón, México, Reino Unido, Alemania, Australia y varios países de la Unión Europea. El Tecnológico de Monterrey contribuye con herramientas avanzadas de isótopos ambientales e investigación en microbiología, consolidando su liderazgo en sostenibilidad.

Para la región, los hallazgos son especialmente relevantes. En América Latina el uso de pesticidas es elevado y el monitoreo de microplásticos aún es incipiente. México, por sus condiciones climáticas y la intensidad de su agricultura, podría enfrentar una dispersión acelerada de contaminantes suspendidos en el aire que hasta hoy nadie ha medido con suficiente rigor.

Las poblaciones más expuestas —señala el consorcio— son precisamente las que menos recursos tienen para defenderse: niños, trabajadores agrícolas y comunidades rurales, que podrían estar experimentando rutas de exposición ocultas a través del aire que respiran y los suelos que trabajan.

Microplásticos con residuos de pesticidas en agua agrícola. Estas partículas funcionan como vehículos de contaminantes y bacterias resistentes, conectando el campo con la salud humana a través de rutas invisibles.

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Con más del 45% de los suelos agrícolas mexicanos degradados y sequías cada vez más largas, el manejo orgánico del suelo está demostrando ser el mejor sistema de retención hídrica disponible.

La sequía de 2026 provocó caídas de hasta 35% en la producción de frutas, hortalizas y granos en México. Pero los campos con manejo orgánico, mayor materia orgánica y suelos vivos resistieron mejor. Cada punto porcentual adicional de materia orgánica en el suelo equivale a 75,000 litros más de agua retenida por hectárea. En un país de temporal, ese dato lo cambia todo.

La crisis que ya llegó

El Día Cero del agua no es solo una amenaza urbana. En el campo mexicano, la crisis hídrica lleva años instalada, y 2026 la hizo visible de una forma que ya no deja espacio para el optimismo cómodo.

La sequía de 2026 provocó una caída del 35% en la producción de trigo y profundizó la crisis hídrica en múltiples estados, afectando especialmente a productores que dependen del temporal. México enfrenta sequías más largas y lluvias más intensas en periodos cortos, una combinación que castiga dos veces al agricultor: primero con la falta de agua, luego con la erosión cuando finalmente llueve de golpe.

Los números estructurales son igualmente alarmantes. Más del 45% de los suelos agrícolas en México presentan algún grado de degradación, principalmente por erosión, pérdida de materia orgánica y compactación. La agricultura representa cerca del 3.4% del PIB nacional pero consume alrededor del 75% del agua dulce disponible. Y entre 40 y 60% del agua usada en agricultura se pierde por sistemas de riego ineficientes.

En ese contexto, la pregunta no es si hay o no crisis hídrica. La pregunta es qué tipo de suelo sobrevive mejor a ella.

La física del suelo orgánico

La materia orgánica del suelo no es solo abono. Es infraestructura hídrica.

Cada incremento del 1% en materia orgánica permite al suelo retener hasta 75,000 litros adicionales de agua por hectárea. Un suelo convencional degradado, compactado y pobre en materia orgánica no puede absorber la lluvia con rapidez —el agua escurre en lugar de infiltrarse, arrastra tierra y se pierde. Un suelo vivo, con estructura porosa y alta actividad microbiana, actúa como una esponja: absorbe, retiene y libera el agua gradualmente hacia las raíces.

Este principio, documentado extensamente por el INIFAP, explica por qué los campos con manejo orgánico o regenerativo mostraron mayor resiliencia durante la sequía de 2026. No porque los productores orgánicos «no necesiten agua»: sino porque su suelo la aprovecha mejor.

En parcelas mexicanas de maíz bajo manejo regenerativo, los datos de tres años de seguimiento son directos: 30% menos uso de agua, 25% más captura de carbono en el suelo y una resistencia notablemente mayor a periodos de estrés hídrico, comparado con el manejo convencional promedio.

«En un país donde el 80% de la agricultura depende del temporal, ese dato no es técnico: es estratégico. Cuidar la materia orgánica del suelo es la política hídrica más barata y más efectiva disponible para el pequeño productor.»

— Análisis de suelos bajo manejo regenerativo, INIFAP, 2025

Innovaciones que están funcionando en campo

Más allá de los principios del suelo, hay tecnologías accesibles que los productores orgánicos en México están adoptando con resultados concretos:

Captación de agua de lluvia y ollas de agua. En zonas de temporal irregular, sistemas simples de cosecha de agua —desde bordos hasta cisternas de ferrocemento— permiten almacenar agua pluvial para riego suplementario en periodos críticos. Comunidades de Chiapas y Oaxaca reportan que esta práctica, combinada con cultivos de cobertura, redujo sus pérdidas durante la sequía de 2025-2026.

Mulch y coberturas vivas. Mantener el suelo cubierto —ya sea con residuos vegetales, paja o cultivos intercalados de baja altura— reduce dramáticamente la evapotranspiración y la temperatura superficial del suelo. En el Valle de México, productores de hortalizas reportan ahorros de hasta 40% en agua de riego mediante esta práctica.

Siembra en curvas de nivel. En terrenos de ladera —donde vive la mayoría de los productores orgánicos indígenas del país— la siembra en curvas de nivel retiene el agua de lluvia en el sitio en lugar de dejarla escurrir. Es una técnica prehispánica que la agronomía moderna ha redescubierto y validado.

Riego por goteo en agricultura orgánica certificada. Solo el 21% de la superficie agrícola bajo riego cuenta con sistemas de irrigación eficientes en México. Para los productores orgánicos que tienen acceso a riego, la transición al goteo no solo es compatible con la certificación orgánica: es la intervención con mayor retorno de inversión disponible en términos de ahorro hídrico.

El agua como argumento político

El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 propone acciones coordinadas centradas en tecnificar el riego agrícola y mejorar la eficiencia en la utilización del recurso. Pero las políticas nacionales tardan en llegar al pequeño productor de temporal.

Mientras tanto, la agricultura orgánica y regenerativa ofrece soluciones que no requieren grandes inversiones de infraestructura: dependen del conocimiento, del manejo del suelo y de prácticas que muchas comunidades indígenas han preservado precisamente porque sus terrenos no han tenido nunca acceso a riego ni a subsidios.

La paradoja es que quienes tienen menos recursos tecnológicos pueden tener más resiliencia hídrica, si sus suelos están vivos. El reto es escalar ese conocimiento y conectarlo con apoyos técnicos y financieros que hoy llegan con cuentagotas al campo orgánico mexicano.

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Un sector que creció mirando hacia afuera

Cuando México se convirtió en uno de los principales exportadores de alimentos orgánicos de América Latina, lo hizo respondiendo a una demanda externa: mercados premium de Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá que pagaban precios diferenciados por productos certificados. La cadena logística, los organismos de certificación, los canales de distribución y hasta los ciclos de producción se diseñaron para atender esa demanda.

El resultado es un sector extraordinariamente competitivo en el mercado internacional y prácticamente invisible para el consumidor mexicano.

Derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 40,000 productores de pequeña y mediana escala, y 21 organismos de certificación, la producción de alimentos orgánicos en México mantiene un crecimiento sostenido. Durante 2025 se produjeron más de 370 productos frescos de origen vegetal y animal, así como alrededor de 1,700 productos procesados certificados. Son números de potencia mundial. Y entre el 85 y 90% se va al exterior.

¿Por qué el mercado interno quedó atrás?

La razón es sistémica. La certificación orgánica se diseñó siguiendo los estándares de los mercados de exportación —NOP de Estados Unidos, EU Organic de Europa— y los costos de obtenerla y mantenerla están calibrados para productores que recuperan la inversión a través de precios premium internacionales.

Para el mercado interno, ese modelo no funciona. El consumidor mexicano promedio no tiene acceso a los canales donde se venden productos orgánicos certificados, no está familiarizado con lo que la certificación garantiza, y cuando sí los encuentra —en tiendas especializadas de zonas urbanas— los precios reflejan una cadena logística construida para exportar, no para distribuir localmente.

A esto se suma un problema de infraestructura: los centros de producción orgánica están en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Sonora. Los consumidores mexicanos de alimentos orgánicos están en las ciudades. La cadena de frío, el transporte, el empaque y la comercialización para el mercado interno requieren una inversión que el sector no ha priorizado porque el exterior siempre pagó mejor.

Las señales de cambio en 2026

Sin embargo, algo está cambiando. Y las señales apuntan en la dirección correcta.

El mercado interno de productos orgánicos creció aceleradamente en 2025, impulsado por mayor conciencia sobre salud y sostenibilidad entre consumidores urbanos. Empresas como Campo Vivo tienen proyectado lanzar más de 25 nuevos productos en 2026 y reforzar su presencia en más de 2,000 puntos de venta nacionales.

Los tianguis y mercados orgánicos —articulados a través de la Red Nacional de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC)— están creciendo en número y en diversidad de oferta. En más de 40 ciudades de México operan hoy mercados donde productores locales venden directamente al consumidor, eliminando intermediarios y reduciendo significativamente el precio final. Este modelo no requiere certificación internacional: opera bajo sistemas participativos de garantía que involucran a la comunidad en la verificación del proceso de producción.

El Foro Nacional de Agricultura Orgánica, en su novena edición en San Miguel de Allende, colocó la comercialización interna como uno de sus ejes centrales, reconociendo que el crecimiento sostenible del sector exige un consumidor mexicano más informado y un sistema de distribución más accesible.

«México tiene todas las condiciones: tierra orgánica disponible, producción que puede cosecharse casi todo el año en la mayoría de las regiones, productores experimentados. Lo que falta es que toda esa cadena también apunte hacia adentro.»

Tres palancas para el mercado interno

El debate en el sector en 2026 identifica tres intervenciones clave para acelerar el acceso del consumidor mexicano al orgánico:

1. Reducir el costo de certificación para el mercado interno. Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) ofrecen una alternativa verificable y significativamente más económica que la certificación internacional. Darles reconocimiento legal formal sería el primer paso para masificar la oferta orgánica en mercados locales.
2. Construir cadenas de distribución local. El intermediario es el eslabón que más encarece el producto final. Modelos de venta directa —mercados orgánicos, CSA (agricultura apoyada por la comunidad), cajas de temporada— están demostrando viabilidad económica en múltiples ciudades mexicanas.
3. Educación al consumidor. El mexicano que entiende qué es un producto orgánico y por qué vale la diferencia de precio es el que está dispuesto a pagarlo. Las campañas de comunicación del sector han estado orientadas al mercado internacional. Redirigir parte de ese esfuerzo hacia el consumidor nacional es una inversión de largo plazo con alto retorno para todo el sector.

El campo orgánico existe. El reto es la ciudad

El productor orgánico mexicano ya demostró que puede competir con los mejores del mundo. El siguiente desafío no está en el campo: está en los circuitos urbanos de distribución, en las políticas de compras de gobierno que podrían incluir alimentos orgánicos en comedores escolares y hospitales, y en un consumidor que —cuando tiene información y acceso— elige mejor.

El orgánico mexicano puede alimentar a México. Lo está haciendo para el mundo. La pregunta es si en la próxima edición de estas páginas podremos reportar que la balanza empezó a equilibrarse.

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Científicos del Instituto de Geografía de la UNAM descubrieron en los suelos del Geoparque UNESCO Mixteca Alta comunidades bacterianas de 3,400 años de antigüedad capaces de fijar nitrógeno, suprimir patógenos y regenerar la fertilidad del suelo sin agroquímicos. Un hallazgo que revalida el conocimiento agrícola indígena como tecnología de vanguardia.

El Hallazgo

Bajo los pies de los agricultores mixtecos, en tierras trabajadas durante más de 3,400 años, vive un mundo microscópico que la ciencia apenas comienza a descifrar. Un equipo del Observatorio Genómico de Oaxaca, adscrito al Instituto de Geografía de la UNAM, caracterizó la composición y diversidad de comunidades bacterianas presentes en suelos de tres agroecosistemas tradicionales del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta: lama-bordos, terrazas y valles.

Los resultados son contundentes: estos suelos albergan principalmente Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria y Chloroflexi, además de familias como Solibacteraceae, Sphingomonadaceae y Gemmatimonadaceae. Grupos microbianos que participan en procesos clave: descomposición de materia orgánica, formación de agregados del suelo, supresión de patógenos, ciclado de carbono y nitrógeno, y promoción del crecimiento vegetal.

«Los sistemas agrícolas ancestrales como los lama-bordos y terrazas, construidos hace más de tres mil 400 años, han favorecido condiciones edáficas ricas en materia orgánica. Aunque los agricultores no identificaban microbios de forma explícita, su conocimiento tradicional sobre el manejo del suelo ha creado ambientes que promueven comunidades bacterianas benéficas.»

— Dr. Mario Alberto Martínez Núñez, UNAM-Oaxaca, diciembre 2025

Técnica Usada: Secuenciación del Gen 16S rRNA

Para identificar estas poblaciones bacterianas, el equipo utilizó técnicas de secuenciación del gen 16S rRNA —herramienta de genómica de nueva generación— que permite identificar qué bacterias existen en el suelo, en qué proporción, y predecir sus funciones metabólicas. El resultado es literalmente un mapa del ecosistema microbiano, con nombres y funciones.

Con este mapa en mano, los investigadores apuntan a tres aplicaciones concretas: el desarrollo de bioinsumos locales —biofertilizantes y bioestimulantes adaptados a los suelos de la Mixteca en lugar de productos estándar diseñados para cualquier lugar del mundo—; la restauración ecológica de zonas agrícolas degradadas; y la conservación de la biodiversidad microbiana como recurso estratégico de biotecnología aplicada.

Tecnología Ancestral con Apellido Científico

Lo que el equipo encontró fue, en sus propias palabras, un experimento a cielo abierto de más de tres milenios. Las comunidades indígenas mixtecas, sin conocer la palabra microbioma, habían estado aplicando sin saberlo una tecnología de regeneración de suelos que la ciencia moderna apenas está validando. El manejo de pendientes, la retención de agua en lama-bordos, la rotación de cultivos y el aprovechamiento de residuos de cosecha crearon condiciones óptimas para que prosperara una diversidad bacteriana excepcional.

Para el agricultor esto se traduce en algo muy concreto: suelos que retienen mejor el agua y los nutrientes, plantas más resistentes a enfermedades, y menor dependencia de fertilizantes e insecticidas que encarecen cada temporada. El geoparque —señalan los investigadores— puede convertirse en modelo global de integración entre agricultura tradicional, ecología y biotecnología.

Implicaciones para México

México cuenta hoy con cerca de 40,000 productores orgánicos certificados, de los cuales el 80% son de origen indígena, representando 22 etnias distintas. Este hallazgo refuerza lo que el sector orgánico ha sostenido desde hace décadas: los sistemas de manejo tradicional no son un rezago técnico, sino una ventaja competitiva de clase mundial. El verdadero reto es convertir ese conocimiento en herramientas de política pública, certificación y transferencia tecnológica que lleguen a las comunidades que lo originaron.

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