Mientras corporaciones transnacionales controlan el 60% de las semillas comerciales del mundo, comunidades campesinas e indígenas de México custodian una de las mayores reservas de biodiversidad agrícola del planeta. Una nueva iniciativa legislativa busca darles protección jurídica antes de que sea demasiado tarde.

El tesoro que cabe en la palma de la mano

México es centro de origen y diversificación de más de 100 especies vegetales cultivadas, entre ellas el maíz, el frijol, el chile y el aguacate. Ese patrimonio genético, construido durante milenios por comunidades indígenas y campesinas, hoy enfrenta su mayor amenaza: un marco legal que no lo reconoce y un mercado que favorece la semilla industrializada.

Una semilla criolla no es solo material de siembra. Es un archivo vivo de miles de años de selección, adaptación y conocimiento acumulado. Es el resultado de incontables temporadas en que el agricultor eligió la mejor mazorca, el frijol más resistente, el chile más productivo para su suelo y su clima específicos. Cada variedad criolla es, en sentido estricto, una tecnología desarrollada en campo abierto durante generaciones.

México es el centro de origen del maíz. El país alberga 64 razas nativas documentadas, de las cuales Tlaxcala concentra 16 —cerca del 20% de la diversidad genética nacional del grano. Pero el maíz es solo el caso más conocido. El país es también centro de origen del jitomate, el cacao, la vainilla, el aguacate, decenas de variedades de chile y cientos de especies más que hoy alimentan al mundo entero.

Ese patrimonio está en manos de las comunidades que lo crearon. Y hoy, como nunca antes, está en riesgo.

El mapa del peligro

Tres corporaciones transnacionales —Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont— controlan el 60% de las semillas comerciales del mundo, el 90% de las transgénicas y el 70% de la industria de agroquímicos. Frente a esa concentración, la semilla criolla mexicana no tiene precio de mercado, no tiene certificado, no tiene patente.

Y precisamente por eso está desprotegida.

Estudios recientes advierten que México podría perder hasta el 61% de sus variedades criollas en los próximos 30 años si no se establecen mecanismos jurídicos concretos de protección. La legislación actual regula la producción y comercialización de semillas certificadas, pero no reconoce ni protege explícitamente las semillas criollas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad frente a la apropiación privada y la pérdida de biodiversidad.

El Congreso reacciona: una ley para el patrimonio biocultural

En octubre de 2025, una iniciativa ingresó al Congreso para reformar la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. El objetivo es reconocer jurídicamente a las semillas criollas como patrimonio biocultural de México, establecer mecanismos de protección, certificación comunitaria y conservación, y garantizar el derecho al libre intercambio de semillas entre agricultores.

El 66.5% de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, caña y café proviene de pequeños y medianos productores que dependen de semillas adaptadas localmente para mantener sus sistemas agrícolas. Para ellos, perder acceso libre a esas semillas no es un problema técnico: es una amenaza directa a su modo de vida.

El precedente ya existe. En 2020, el maíz nativo fue reconocido como patrimonio biocultural y manifestación cultural de los pueblos originarios, prohibiendo su cultivo transgénico. El nuevo marco obliga al Estado a fomentar políticas públicas que prioricen los cultivos tradicionales, apoyando el uso de semillas criollas y prácticas agroecológicas. La propuesta legislativa busca extender esa lógica a todas las demás especies.

«La legislación actual, al excluir las semillas nativas y no contemplar las criollas, obstaculiza la permanencia de sistemas agrícolas sustentables y favorece modelos dependientes de insumos externos y propiedad intelectual.»

— Iniciativa legislativa presentada al H. Congreso de la Unión, octubre 2025

Los guardianes: mujeres, comunidades, semilleros vivos

En San Pablo Ayutla, Sierra Norte de Oaxaca, un grupo de mujeres mixes lleva años conservando semillas nativas de manera artesanal bajo el proyecto Los frutos del Kämtunp. Se reunieron durante la pandemia cuando notaron el abandono del campo. Recuperaron variedades que sus abuelas cultivaban, desarrollaron técnicas adaptadas al deterioro del suelo y el clima cambiante, y comenzaron a comercializar de manera local en apoyo de familias marginadas.

En Tlaxcala, el gobierno estatal inauguró el Fondo de Semillas Nativas de Maíz «Teocintle» para conservar y distribuir mazorcas criollas entre productores. En Sonora, el CIAD y la Universidad de Sonora desarrollaron un modelo de bancos comunitarios de semillas para zonas áridas y semiáridas, reduciendo la dependencia de sistemas comerciales y garantizando insumos en momentos de crisis climática.

Estos no son proyectos aislados. Son nodos de una red silenciosa que mantiene viva la biodiversidad agrícola de México con recursos propios, conocimiento ancestral y una claridad de propósito que pocas instituciones pueden igualar.

Lo que está en juego

La semilla criolla no es solo diversidad genética: es soberanía. Un agricultor que conserva y reproduce su propia semilla no depende de ninguna empresa para sembrar la siguiente temporada. Puede adaptarla a las condiciones cambiantes de su parcela. Puede intercambiarla con sus vecinos. Puede heredarla.

Un agricultor que compra semilla certificada cada ciclo —especialmente si es híbrida o transgénica— pierde esa autonomía de forma progresiva e irreversible.

Para el sector orgánico, que tiene en la semilla criolla uno de sus fundamentos técnicos y culturales más importantes, la aprobación de una ley que proteja este patrimonio no es una cuestión política: es una condición de sobrevivencia.

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