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19 de noviembre del 2017
Breve panorama de la agricultura orgánica en Chile por Dra. Sofia Boza Martinez
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La mayor concienciación acerca de las dificultades ambientales asociadas al modelo de producción agrícola industrial conduce al surgimiento, a partir de los años veinte del pasado siglo, de distintas escuelas y movimientos asociados a la agricultura orgánica. La heterogeneidad axiológica entre distintos autores, escuelas e instituciones dificulta consensuar una definición de qué debe considerarse como tal. No obstante, la concepción más extendida es aquella que identifica la agricultura orgánica con la sustitución de insumos químicos de síntesis por otro tipo de compuestos que minimicen el impacto medioambiental de la actividad agraria (Lampkin, 1998).


Aunque todavía el desarrollo del sector es incipiente, se ha registrado un aumento progresivo de la superficie dedicada a la agricultura orgánica en Chile. Según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero, durante la temporada 2009-2010 la producción orgánica certificada chilena se extendía en un total de 151.097 hectáreas. La mayor parte de dicha superficie se dedica a la recolección silvestre (119.087 hectáreas), siendo la rosa mosqueta la producción más importante. Asimismo, la superficie certificada como praderas naturales para alimentación de ganado alcanzó las 16.571 hectáreas. Por su parte, las tierras dedicadas a la explotación agrícola se extendían en un total de 24.890 hectáreas, siendo utilizadas prioritariamente para el cultivo de frutales menores (5.415 has.), principalmente berries, de frutales mayores (4.138 has.), destacando olivo, manzano y palto y de uva de vino (3.858 has.). En referencia a la distribución territorial de las hectáreas señaladas, éstas se concentran en la Región del Bío-Bío (109.636 has.) y en la Región del Maule (14.167 has.).

No obstante, si comparamos las cifras presentadas para el caso de Chile con aquellas correspondientes a otros países de América Latina vemos como la presencia de la agricultura orgánica chilena en el contexto regional es aún secundaria. Según datos para el año 2009, Argentina tiene 4,4 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica, mientras que Brasil tendría 1,77 millones de hectáreas y Uruguay 0,93 millones de hectáreas, estando los tres países entre los diez con mayor extensión dedicada a la agricultura orgánica del mundo (FiBL, IFOAM & SÖL, 2011). Si bien es cierto que resulta difícil comparar la superficie que pueda llegar a ocupar la agricultura orgánica en Chile con aquella en países mucho más extensos, cabe señalar que el porcentaje de terreno para usos agropecuarios que representa la agricultura orgánica chilena está aún por debajo del 1% del total.

Asimismo, a medida que el mercado de la alimentación orgánica ha ido creciendo, se han desarrollado simultáneamente numerosas legislaciones nacionales que tratan de estandarizar los procesos de producción y etiquetado en el sector. De igual modo, se ha ido ampliando el entramado de entidades, tanto públicas como privadas, dedicadas a la certificación de productos orgánicos. La necesidad de implementar estos procesos de control surge debido a que la mayor parte de los atributos de los productos orgánicos que incentivan al consumidor en su compra no pueden ser comprobados por él mismo a simple vista. Este hecho coincide con que generalmente los productos orgánicos suelen comercializarse con un cierto sobreprecio en relación a aquellos convencionales. La presencia del etiquetado orgánico es una manera de ofrecer mayor información al consumidor, la cual aumente su nivel de confianza y, por tanto, repercuta positivamente en su intención de compra (Minetti, 2002; Ruíz de Maya et. al., 2005).

Pese a que, como hemos señalado, son muchos los países que han desarrollado su propia legislación relativa a la producción orgánica, no todas han resultado igualmente significativas. En este sentido, las normas más influyentes han sido las de la Unión Europea y Estados Unidos, debido a la importancia de sus mercados. Asimismo, otros organismos a nivel internacional, como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) o el Comité del Codex Alimentarius, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llevan años desarrollando sus propios estándares en torno a la agricultura orgánica, los cuales han orientado notablemente la definición de las legislaciones estatales recientes.

Como consecuencia de lo analizado, una de las características típicas de los sistemas de certificación de productos orgánicos en los países eminentemente exportadores es que suelen estar controlados por entidades extranjeras, oriundas de los principales mercados de consumo, para así facilitar la comercialización. En Chile esta realidad se confirma ya que la certificación formal orgánica está en manos de cuatro entidades extranjeras, algunas de ellas con sucursales instaladas en territorio chileno, inscritas incluso en el Registro del Servicio Agrícola y Ganadero, como la suiza IMO Control (que asociada con la Fundación Chile constituyó IMO Chile), la alemana BCS-ÖKO Garantie (BCS Chile), CERES GmbH y Argencert.

De igual modo, en el caso de Chile la creación del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas es muy reciente, encontrándose reflejada en la Ley nº 20.089, de 17 de enero de 2006, en su Reglamento aprobado en abril de 2006 y en sus Normas Técnicas oficializadas en agosto de 2007. Dicha regulación distingue la existencia de un Sistema general, el cual será controlado por medio de entidades certificadoras, y de un Sistema de auto certificación con fiscalización directa por parte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Este último contendría a la denominada Asociación de Pequeños Agricultores Ecológicos conformada por organizaciones de productores con personalidad jurídica que utilizan venta directa (por un importe total de hasta 25.000 UF).

Además de establecer una legislación relativa a la producción orgánica, muchos países han decidido impulsar dicha actividad mediante el diseño y ejecución de programas públicos de apoyo. En este sentido, en Chile hasta hace poco no se había planteado una estrategia global para la consolidación del sector orgánico en todo el país, sino que algunos organismos públicos específicos desarrollaron actuaciones más o menos continuadas. No obstante, recientemente se creó la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica dependiente del Ministerio de Agricultura, en la cual actúa como secretaría ejecutiva la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Esta entidad comisionó a la empresa EMG consultores el diseño de una propuesta de Plan Estratégico para la Agricultura Orgánica Chilena 2010-2020 cuyo informe final fue presentado en marzo del 2010. En dicho documento se expresa la necesidad de potenciar la colaboración público-privada enfocada al progreso del sector apostando por un desarrollo del mercado tanto interno como internacional basado en la diferenciación por la calidad de la producción. El costo aproximado del Plan Estratégico se cifró en 19.672 millones de pesos en total.



En los procesos de normalización y promoción de la agricultura orgánica analizados ha sido muy importante la participación del movimiento asociativo vinculado al sector. En Chile una de las entidades con más presencia en este sentido es la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH) creada en 1999. Esta institución colabora desde agosto de 2008 con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en un programa de fomento de la agricultura orgánica dentro del sistema de apoyo a la agricultura familiar campesina sustentable.

En conclusión, a pesar de que la producción orgánica aún es incipiente en Chile, numerosos productores han entendido la oportunidad que el sector representa y, en consecuencia, dedican parte de sus tierras al mismo. Este hecho deriva en una importante oportunidad de negocio para la industria agroalimentaria chilena, debiendo ser diseñadas e implementadas estrategias, tanto públicas como privadas, para su íntegro aprovechamiento.

 

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